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Realiza CUTonalá conversatorio por el Día Internacional de las Víctimas de Desaparición Forzada

  • webinar en el Marco del día internacional de las víctimas de desaparición forzada

En Jalisco tres veces más desaparecidos que durante la dictadura chilena de Pinochet, señala el periodista Rubén Martín

Durante la dictadura de Augusto Pinochet, entre el 11 de septiembre de 1973 y 1990, se calcula que hubo alrededor de tres mil desapariciones, pero en Jalisco hay cerca de tres veces más dicho número, afirmó el periodista, columnista y articulista Rubén Martín, quien dirige el programa “Cosa Pública 2.0” de Radio Universidad de Guadalajara, especialista en temas de desaparición forzada.
 
El periodista participó en el conversatorio “Una economía de la violencia y las prácticas que prevalecen”, que fue organizado por el Centro Universitario de Tonalá (CUTonalá), moderado por la maestra Denisse Ayala Hernández, Coordinadora de Planeación y trasmitido a través de la cuenta de Twitter y Facebook del mismo plantel.
 
El conversatorio tuvo lugar en el marco del Día Internacional de las Víctimas de Desaparición Forzada, que será este 30 de agosto.

Rubén Martín habló de un desfase entre las cifras del Registro Nacional de Personas Desaparecidas, que reporta una cifra de 10 mil 248 y el Sistema de Información de Víctimas de Desaparición en Jalisc, que reporta 9 mil 439, desde 1995 y hasta el 31 de julio de 2020.
 
“Hay un desfase de alrededor de 800 personas que reconoce el registro nacional”, detalló, y agregó que de acuerdo cpon la misma fuente, en todo el país hay 73 mil 233 personas desaparecidas.
 
Esta práctica no era reconocida por gobiernos anteriores. “Prácticamente, en el gobierno de Calderón el tema de la desaparición forzada o por particulares no fue objeto de discusión pública, se ocultaban las cifras oficiales”, subrayó.
 
Gracias a una filtración de información de una base de datos a medios de comunicación estadounidenses, supuestamente de manos de la Procuraduría General de la República, se pudo conocer que había una lista de más de 20 mil personas desaparecidas a finales de 2012. Los datos desagregados que se tenían para Jalisco es que había 2 mil 175 personas desaparecidas, a finales de ese mismo año.
 
En el gobierno de Enrique Peña Nieto fue creado el Registro Nacional de Personas Desaparecidas, y para abril de 2018, en Jalisco, había cerca de 3 mil 300 desaparecidos.
 
Rubén Martín definió la desaparición forzada como un delito cometido por particulares o servidores públicos que, con la autorización, el apoyo o la aquiescencia de un servidor público privan de la libertad en cualquier forma a una persona, seguida de la abstención o negativa de reconocer dicha privación de la libertad o proporcionar información sobre la misma o su suerte, destino o paradero.
 
“El hecho de que los agentes que cometen la desaparición sean, en muchos casos, servidores públicos, policías u otro tipo de funcionarios que son pagados por la sociedad para proteger la vida de las personas, es un hecho inaudito”, subrayó.
 
La trama histórica de la desaparición forzada
El doctor en Historia por la UNAM, Camilo Vicente Ovalle, destacó que el ejercicio de la desaparición forzada como técnica de violencia de Estado se implementó en México de manera amplia y generalizada entre los años 60 y 80 del siglo XX.
 
Dijo que desde el año 2006 hasta 2018 hubo una masificación del fenómeno de la desaparición en México.
 
“Si bien son fenómenos distintos y no se pueden hacer equivalentes entre el tipo de desapariciones que tenemos ahora con las desapariciones forzadas implementadas por el Estado mexicano en la década de los 70 y 80, sin duda hay una genealogía y conexiones detrás”, declaró.
 
Las violencias de Estado, incluso las más novedosas, están tejidas por una trama histórica. No emergió de manera sorpresiva o fue resultado de los designios de la estrategia de seguridad hemisférica de Estados Unidos en el periodo de la Guerra Fría. En realidad, la práctica de la desaparición tenía ya mucho tiempo en México incrustada como una práctica que no tenía consecuencias, y se encuentran evidencias a mediados de los años 30, del siglo pasado, con formas primitivas de la desaparición forzada contra disidentes políticos.
 
Esos datos ayudan a entender cómo después se implementa como una estrategia, es decir, deja de ser una práctica para convertirse en una estrategia de estado.
 
Hoy no se puede identificar al enemigo
La maestra Alejandra Cartagena López, Coordinadora del Comité Latinoamericano en Defensa de los Derechos de las Mujeres (CLADEM Jalisco), activista y víctima indirecta de la desaparición forzada de su madre y abuelo, coincidió en que la desaparición forzada entre los años 60 y 70 era de los opositores políticos.
 
“Esos opositores políticos, por lo menos en el caso de mi abuelo, madre y varios familiares que formaban parte de la Liga Comunista 23 de Septiembre, tenían claridad que quien los podía desaparecer y asesinar era el Estado, y esto es muy distinto de lo que pasa actualmente, cuando ya no podemos identificar al enemigo”, sostuvo.
 
La activista denunció una doble moral, ya que mientras México le daba asilo a otras personas que estaban sufriendo persecución política en países como Argentina, Uruguay y España, al mismo tiempo en nuestro país había desapariciones forzadas.
 
Actualmente estamos en un contexto de violencia generalizada que tiene un crecimiento exponencial a raíz de la declaración de guerra del entonces Presidente Felipe Calderón al narcotráfico, con un aumento de desapariciones, homicidios y ejecuciones extrajudiciales.
 
En cuanto a ejecuciones extrajudiciales, señaló que es muy reiterativo el hecho de que la policía detenga a una persona, y luego muera. “El lenguaje que se utiliza es señalar que ‘Murió en los separos o cuando lo detuvo la policía’, cuando no falleció, sino que lo asesinaron; entonces, desde ahí tendríamos que empezar a tener claridad”.
 
Cualquier persona puede ser desaparecida hoy en el país. No es necesario estar un contexto de ser opositores al Estado o gobierno. Hay un mensaje de impunidad tan arraigado en la sociedad que cualquiera puede desaparecer a una persona. Hay casos de maridos por no dar pensión alimenticia, matan a la esposa, y piensa: “Si la desaparezco, no pasa nada. Si no hay cuerpo, no hay delito”.
 
En Jalisco hay una Fiscalía Especial de Personas Desaparecidas, la primera en el país y se pretendía que fuera un modelo; sin embargo, con la nueva fiscal  Blanca Jacqueline Trujillo, ha habido un retroceso grave, dijo.
 
“Nos encontramos con una fiscal que bloquea a las familias, a los colectivos, a las organizaciones civiles; a una fiscalía que vuelve a la práctica de ‘Espere 72 horas’, cuando sabemos que son las horas más importantes para encontrar a una persona desaparecida; y es una fiscalía a la que no se puede ir si no hay cita previa”, denunció Cartagena López.
 
 
Atentamente
“Piensa y Trabaja”
“Año de la Transición Energética en la Universidad de Guadalajara”
Guadalajara, Jalisco, 28 de agosto de 2020

 
Texto: Martha Eva Loera
Fotografía: José Díaz